abril 23, 2017

Fiscal impuestos – Derecho fiscal, tributación e impuestos, Libro Fiscal-Impuestos

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Para poder ejercer sus funciones con eficiencia, el asesor fiscal necesita tener un profundo conocimiento del sistema tributario español . lo cual requiere, no solo conocer y saber presentar los tributos que lo integran, sino también tener conocimientos de otras cuestiones, como fiscalidad internacional . tributación específica de determinadas operaciones y empresas con tributación diferenciada, procedimientos establecidos en el orden tributario, etc.

Enviado por Editorial el Lun, 27/03/2017 – 10:27

La retribución del socio que ejerce su actividad a través de una sociedad. en 2006 se presume acorde al valor de mercado si la entidad cuenta con medios materiales y personales, mientras que en 2007 y 2008 al no existir esa presunción, se aplican las reglas de valoración de mercado de operaciones vinculadas.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de febrero de 2017 estima que durante el ejercicio 2006, la retribución satisfecha al profesional o artista que ejerce su actividad a través de una sociedad se presume acorde al valor de mercado, pues la entidad contaba con medios materiales y personales para la realización de su actividad, pues en dicho ejercicio interviene no sólo en la actividad del socio, sino también en otras que requieren la participación de otros medios técnicos, materiales y humanos adicionales.

En 2007 y 2008 no existía esa presunción, por lo que cabe aplicar a la retribución las reglas de valoración de mercado de operaciones vinculadas. A estos efectos, se considera adecuado el método del art. 16.4.a) del TR de la Ley IS, es decir, el “del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación”.

Enviado por Editorial el Vie, 24/03/2017 – 12:17

El 5 de abril se da el pistoletazo de salida a la Campaña de Renta.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2017, la Agencia Tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2017.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de abril .

Enviado por Editorial el Vie, 24/03/2017 – 10:54

Aprobación del modelo normalizado válido para la acreditación de la representación en el procedimiento de suministro electrónico de registros de facturación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en representación de terceros.

El citado modelo ha sido aprobado por la Resolución de 13 de marzo de 2017 (BOE de 24 de marzo y en vigor a partir del 25 de marzo) de la Dirección General de la AEAT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley General Tributaria, y la necesidad de su aprobación viene motivada por la obligación de llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria para empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación coincida con el mes natural de acuerdo con el artículo 71.3 del Reglamento del IVA, o la opción para el resto de sujetos pasivos que lo deseen.

Enviado por Editorial el Jue, 23/03/2017 – 10:47

El 5 de abril comienza la campaña de Renta 2016 cuya novedad más significativa es la generalización de Renta WEB como único servicio de confección y presentación de la declaración de la Renta, para todo tipo de rentas, incluidas las de actividades económicas.

Esto supone que Renta 2016 será la primera campaña sin el programa PADRE, desde su creación.

Enviado por Editorial el Jue, 23/03/2017 – 09:32

  • La campaña de Renta arranca el 5 de abril con la generalización del borrador de declaración a todos los contribuyentes

Un año más a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio se nos acerca la hora de dar cuenta a Hacienda de nuestras obligaciones fiscales con respecto a los impuestos mencionados, y para ello en el BOE de 23 de marzo se ha publicado la Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo -en vigor a partir del 24 de marzo-, que aprueba los modelos de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio,ejercicio 2016 -que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el referido ejercicio por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del IRPF no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda- determina el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, establece los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del IRPF, y determina las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. que regula los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones. declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:40

La Audiencia Nacional ha condenado en su sentencia de 13 de marzo de 2017 . a 17 miembros de una trama de fraude del IVA que eludió el pago de más de tres millones de euros y que se servía de sociedades pantalla creadas por uno de ellos, al que se le ha impuesto la pena más alta -10 años y 7 meses de cárcel-, como autor de tres delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:29

  • La imposición sobre los dividendos que las filiales abonan a sus matrices cuando están sometidas a un tipo cero no es anticomunitaria

Cuando la normativa del Estado miembro en que está establecida aplica a una sociedad matriz un tipo cero de gravamen sobre todos sus beneficios bajo la condición de distribuirlos en su totalidad a sus accionistas, queda eliminado para esa sociedad matriz el riesgo de una doble imposición de los beneficios que le haya distribuido su filial. Por ello, la Directiva 90/435/CEE del Consejo (Régimen fiscal común aplicable a sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) debe interpretarse en el sentido de que su art. 5.1 no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retención sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una institución de inversión colectiva de carácter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero, bajo la condición de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios.

  • Someter a aprobación previa una fusión transfronteriza, cuando no se hace en operaciones internas equivalentes, es anticomunitario

El art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE (Régimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operación de fusión transfronteriza, supedita la concesión de las ventajas fiscales aplicables a tal operación en virtud de dicha Directiva a un procedimiento de aprobación previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobación, el contribuyente debe acreditar que la operación en cuestión está justificada por un motivo económico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasión fiscales y que su mecánica permite garantizar el gravamen futuro de las plusvalías que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operación de fusión interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente esté sujeto a tal procedimiento.

  • La escasa fiabilidad de los comparables disponibles no habilitan a la Administración a emplear un método de valoración de operaciones vinculadas no establecido por la norma

El principio de legalidad a la cabeza, junto con el resto de los principios informadores de nuestro sistema tributario recogidos en la Constitución, se oponen a que la Administración tributaria vaya más allá de la norma legalmente establecida y aplique métodos de valoración de operaciones vinculadas no establecidos. El Tribunal Supremo reprocha con contundencia tanto la actividad desarrollada por la Administración Tributaria, como el alienamiento desarrollado por la Audiencia Nacional, en posición claramente al margen de la norma al postular la justificación del empleo del método del margen neto del conjunto de las operaciones -cuando aún no se había establecido en el art. 16 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)- con base en la escasa fiabilidad de los comparables disponibles -método del art. 16.3.a), redacción original- a la hora de llevar a cabo la valoración litigiosa.

  • Las operaciones intragrupo no generan un fondo de comercio financiero deducible

Más allá de cuestiones de aplicación temporal del art. 12.5 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) por las que el Tribunal no se siente obligado a convertir en prejudicial para su decisión en este procedimiento el pronunciamiento que está pendiente de adoptarse en sede del TGUE en ejecución de la STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asuntos núms. C-20/15 P y C-21/15 P (acumulados). el Tribunal Supremo, en la línea manifestada en su día por la Audiencia Nacional, señala que no aflora un fondo de comercio deducible en las operaciones intragrupo, sino que éste sólo pudo generarse en la previa adquisición de las participaciones a terceros.

  • El Ayuntamiento no puede exigir una tasa a las entidades bancarias por el servicio de vigilancia y prevención del riego de ocupación

Debe anularse la tasa impugnada cuyo hecho imponible consiste en la prestación del servicio de vigilancia especial y prevención del riesgo de usurpación de las viviendas propiedad de las entidades financieras, siendo sujetos pasivos las entidades financieras y las entidades participadas directa o indirectamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el término municipal beneficiarias por la prestación del servicio. Esta tasa vulnera el art. 21.1.c) del TRLHL, ya que supone exigir una tasa por el servicio de vigilancia pública en general. Las características del servicio, por su propia naturaleza, de vigilancia y patrulla de vía pública solo se concibe como de vigilancia pública en general, pues es obvio, la presencia policial en la vía pública previene la comisión de cualquier tipo de infracción, y en especial, de las más graves tipificadas como delito. No se puede obviar frente al posicionamiento de reproche al sujeto pasivo al que selectivamente se dirige la tasa, que se afirma “provoca” la prestación del servicio, al que se culpa del “fenómeno de ocupación ilegal” que se afirma “sucede por el manifiesto desinterés de sus titulares por sacarlas a la venta en condiciones que no sean ventajosas” y al que en definitiva se quiere con la tasa “concienciar del interés social de la vivienda”, que ateniéndonos al ordenamiento jurídico vigente, el “fenómeno de la ocupación ilegal” está tipificado como delito en el art. 245 del Código Penal. punto de apoyo desde el cual el razonamiento solo puede girar en sentido contrario al que funda la ordenanza, impidiendo repercutir los costes de prevención del delito a quien lo sufre.

  • El pago mediante un cheque “ordinario” no se considera pago en efectivo

Los cheques al portador entregados no eran cheques bancarios al portador, sino cheques particulares de la empresa, es decir, cheques emitidos por la mercantil (libradora) que se cobran a través de la entidad bancaria (librada), equiparando indebidamente el actuario ambos tipos de cheques ya que, insiste, no se trata de un cheque emitido por una entidad bancaria (cheque bancario) respaldado por la misma, sino de un cheque librado por un particular respaldado únicamente por su patrimonio, diferencia fundamental en el tráfico mercantil por cuanto los cheques bancarios, a diferencia de los particulares, son considerados como dinero contante y sonante, siendo la mención del art. 34.2 d) de la Ley 10/2010 a los “cheques bancarios al portador”, y no a los cheques al portador sin más. No ha existido ninguna opacidad en la operación por cuanto se documenta ante notario incorporándose los cheques a la escritura, realizándose el pago con dinero existente en banco, liquidando la sociedad los impuestos ante los funcionarios correspondientes, estando los cobradores de los cheques debidamente identificados por la entidad financiera, siendo comunicado el cobro por el banco a la AEAT, la cual tuvo conocimiento de la identidad del cobrador por lo que el pago no es anónimo ni opaco; y que en todo caso las normas sancionadoras han de ser interpretadas restrictivamente, incumpliéndose aquí el principio de tipicidad y habiendo actuado con arreglo a la finalidad de la norma que es la de no ocultar el perceptor del pago, siendo como mínimo dudosa la redacción del precepto, sobre el que nada advirtió el Notario, lo que eliminaría la responsabilidad sancionadora. En el presente caso no se discute que los cheques se libraron al portador por la firmante de los mismos mercantil, contra la cuenta corriente de la que era titular en la entidad bancaria, por lo que no encontrándonos pues ante un “cheque bancario” -tampoco ante un cheque conformado del artículo 110 de la LCCH – sino ante un cheque, digamos, ordinario, ha de aceptarse la falta de tipicidad de la conducta desplegada por la recurrente, con la consiguiente anulación de la sanción.

  • La Administración carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de métodos de comprobación en perjuicio del sujeto pasivo

La Sala se ha pronunciado en múltiples sentencias, inclinándonos por la anulación de la valoración oficial cuando el actor presenta otra tasación, igualmente idónea amparada en un método legal como es en este caso la estimación que hace la entidad tasadora, realizada por el método previsto en el art. 57.1 g) de la LGT [Vid. STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, recurso n.º 512/2013 (NFJ062413)]. La Administración carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de métodos de comprobación en perjuicio del sujeto pasivo. Así pues, si un método de los subsidiarios ofrece un valor inferior, no bastará con invocar la Orden para preferir otro de los métodos calificados de preferentes que ofrezca un valor superior, sino que habrá que motivar debidamente porqué tal método es más acertado para determinar el valor real del bien en ese caso. Por el contrario, si fuera el interesado el que pretende de la Administración que aplique el orden de métodos que ella misma se ha dado y ha hecho público, evidentemente para ella sí es del todo obligatorio por aplicación elemental del principio de los actos propios. En el presente caso no se ha motivado por la Administración la razón por la que se opta por un método en contraposición con otro, cuando se cuenta con él, por mucho que la Orden establezca una prelación no recogida en la Ley, de modo que ha de estimarse el recurso cuya valoración se ampara en el dictamen de una sociedad tasadora con arreglo al cual se ha realizado la tasación del inmueble dedicado a local de negocio, según un método válido para la tasación de los inmuebles a efectos hipotecarios.

  • Declaración tributaria especial

No es posible reconocer los efectos de la declaración tributaria especial si no se ha utilizado el Modelo 750 y se pretende una regularización que excede de lo previsto en la norma. Los efectos de la corrección de los errores contables se producen en el ejercicio en que se detecta.

  • La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusión de la exención por inicio de actividad en el IAE

La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusión de la exención por inicio de actividad en el IAE. La norma prevé tal exclusión cuando la actividad se haya desarrollado con anterioridad, bien por el propio sujeto pasivo o bien cuando exista una sucesión en la titularidad o ejercicio de la actividad desarrollada por otro sujeto pasivo, debiendo probar la Administración tributaria la citada sucesión. El rechazo de la exención por parte de la Administración precisaba lo que aquí falta, esto es, la prueba por parte de la Administración actuante de la sucesión o transmisión de la actividad, y ello porque el mero hecho de pertenecer a un grupo de sociedades no es obstáculo que impida que se pueda gozar de la exención en cuestión. Nada impide que un mismo grupo empresarial desarrolle la misma actividad con diversas empresas o marcas que operan en el mercado compitiendo entre ellas. La Administración no lo justificó adecuadamente en el curso de las actuaciones desenvueltas en la sede administrativa ni después en el juicio, mientras que la ahora apelante, bien que a través de sus propios empleados o bien a través de quienes no se sabe con certeza si lo son o son parte del accionariado, al fin, sí que ha tratado de justificar en el juicio su tesis de la falta de sucesión. Sin embargo, no se trata de que el contribuyente pruebe que faltaba en el caso sucesión sino que es la Administración Tributaria la que tiene que probar la existencia de la sucesión para así poder denegar la aplicación de la exención en cuestión. Por ello procede la devolución de las cantidades ingresadas por el concepto tributario impuesto sobre actividades económicas, ejercicio 2007, más los intereses legales correspondientes.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:26

El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, modifica el Reglamento del IVA, el Reglamento de facturación y el Reglamento de gestión e inspección tributaria, regulando el nuevo sistema de llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT (denominado Suministro Inmediato de Información –SII–).
En el presente artículo, dividido en dos partes, se examina este sistema de llevanza de los libros, diseccionando su análisis tanto en el ámbito subjetivo de aplicación como en el resto de las obligaciones formales que se imponen a los sujetos pasivos que lleven los libros a través de este sistema, todo ello acompañado de numerosos ejemplos y un cuadro-resumen global del nuevo sistema.
En la primera parte, publicada en el número anterior de esta revista (RCyT. CEF, núm. 408, marzo 2017), se analizó la obligación general de llevar libros registro, la finalidad de la reforma, el ámbito de aplicación subjetivo y del funcionamiento del sistema de SII, se trató sobre los libros registro que resultan afectados y sobre el libro registro de facturas expedidas.
En esta segunda el autor examina los libros registro de facturas recibidas, de bienes de inversión y el de determinadas operaciones intracomunitarias y las singularidades para determinados regímenes especiales. También aborda el tema de la liquidación del impuesto, de los efectos del retraso en la aportación de la información en los procedimientos de comprobación tributaria o la infracción tributaria por incumplimiento de la obligación.

Palabras claves: suministro inmediato de información, SII, gestión de los libros de IVA, Sede electrónica de la AEAT, infracciones y sanciones.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 11:02

  • Remisión del expediente al Ministerio Fiscal y devolución del mismo a la Administración: plazos

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio . determina que sólo en aquellos supuestos en los que antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal se hubiese ampliado el plazo de duración del procedimiento resultaría de aplicación el plazo mínimo de seis meses para finalizar las actuaciones inspectoras. Si la norma hubiera querido extender esta regla a los casos en que al tiempo de remitir el expediente al Ministerio Fiscal no se hubiera ampliado el plazo, simplemente lo habría hecho. Pero no ha sido así, como se deduce del tenor literal del precepto; la suspensión del plazo de prescripción que establece el art. 180.1 de la Ley 58/2003 (LGT) no se perjudica por el exceso del plazo máximo de duración de las actuaciones producido cuando estas han regresado a la Administración tras la finalización de la vía penal, de forma que la parte del plazo de prescripción que no se hubiese consumido antes de remitir las actuaciones a la vía penal puede usarse a la vuelta del proceso penal sin verse afectada por dicho exceso de plazo de duración. En cuando al hito determinante para la reanudación del cómputo del plazo, será la fecha en que se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente de la inspección para continuar el procedimiento; por último, para determinar si el acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras ha sido adoptado en plazo, esto es, antes de que expire el plazo originario de doce meses, no se descontarán ni las dilaciones no imputables a la Administración ni los períodos de interrupción justificada, a excepción, en relación con estos últimos, de los ocasionados por la remisión del expediente al Ministerio Fiscal o por el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente en aquellos supuestos en que la Administración aprecia la posible existencia de delito contra la Hacienda Pública.

  • Aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta: supuestos en los que procede practicar requerimiento por la Administración

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio . resuelve que en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta, procede la inadmisión en el caso de que el interesado no motive su solicitud en que su falta de concesión pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública y no aporte documentación tendente o que pretenda acreditar la concurrencia de estas circunstancias en el momento de presentación de su solicitud, y solo en el caso en que se hayan producido los dos requisitos -alegar las circunstancias a que se refiere el art. 82.2.b) de la Ley 58/2003 (LGT) y además aportar documentación tendente a acreditar que se dan o que presumiblemente pueden darse en el caso concreto las circunstancias legalmente previstas, pero esta documentación se considere insuficiente-, procede el requerimiento de subsanación por parte de la Administración para que se complete.

  • Límites de la facultad revisora de los órganos económico-administrativos: cuestiones no planteadas ante el órgano de aplicación de los tributos

Siendo cierto que los Tribunales Económico-Administrativos tienen amplias competencias revisoras pudiendo entrar a analizar cuestiones no planteadas -en cuyo caso el propio reglamento de revisión establece que deberá comunicarse al interesado-, cuando el Tribunal, en sus funciones revisoras, deniega la pretensión del reclamante en virtud de hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos coloca al contribuyente en una indefensión procesal, al impedirle alegar sobre la misma, perdiendo una instancia revisora y obligándole a alegar por primera vez, ya en alzada, contra la cuestión nueva. Es decir, los Tribunales Económico-Administrativos no pueden denegar las pretensiones de los reclamantes en virtud de hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos.

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  • Operaciones incluidas en la exención de transmisiones de activos y pasivos, y concesión de garantías, cuyo sujeto pasivo es la SAREB

Es cierto que si bien esta exención controvertida viene regulada en el apartado relativo a las exenciones objetivas, la realidad es que participa más de la naturaleza de una verdadera exención subjetiva al venir referida a una entidad propiamente dicha -y única-, así como por la amplitud con la que se define las operaciones a la que debe extenderse el beneficio fiscal, no resultando de la lectura literal del precepto razón alguna para entender que el legislador quisiera limitar a determinados operaciones el indicado beneficio fiscal. A juicio de este Tribunal, la referencia que la norma fiscal hace a la norma creadora de la entidad, lo es para individualizar explícitamente al sujeto destinatario de la exención, y no para entender que deban limitarse a las operaciones de adquisición de activos de las entidades bancarias. Refuerza lo anterior la propia interpretación finalista de la norma dirigida a evitar costes fiscales indirectos en el proceso de traspaso o intercambio de activos financieros e inmobiliarios derivados del proceso de reestructuración bancaria, resultando incoherente con dicha finalidad declarar la exención de los inmuebles directamente adquiridos de las entidades financieras y no los adquiridos de las entidades deudoras de los créditos dudosos o fallidos cedidos previamente de los bancos a la entidad SAREB.

  • La falta de desembolso de dinero para comprar el boleto premiado no hace perder la titularidad del premio

Tribunal Supremo y DGT están de acuerdo en que, con carácter general, no se produce una donación en aquellos supuestos en los que la entrega de bienes o la prestación de servicios se produce sin mediar voluntad de enriquecer al beneficiario, incluso cuando éste no ha desembolsado precio alguno. Así las cosas, la apreciación de si se está ante una donación, por concurrir un animus donandi en el ganador del premio que entrega el dinero a otro beneficiario, es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde a la Oficina gestora quien, en virtud del principio de calificación y atendidas las circunstancias del caso, deberá determinar si la operación planteada reúne los requisitos necesarios para calificar dicha operación como donación. Ahora bien, señala la DGT, resultaría coherente gravar la operación a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como una donación si quien comparte el premio no es capaz de demostrar que poseía una participación en el billete, para lo que no ayuda el hecho de que el beneficiario no conste como ganador del premio desde el primer momento; no obstante, será una cuestión de prueba, por su parte, demostrar lo contrario.

  • El plazo que determina la base imponible del ITP de los arrendamientos es el plazo legal de 3 años y no el acordado en contrato

La base imponible del arrendamiento se determina en función del período de duración del contrato, que en el art. 9 Ley 29/1994 (LAU) está establecido en una duración mínima de tres años, en virtud de las prórrogas obligatorias que dicho precepto establece. Luego, el periodo que debe tenerse en cuenta es el de tres años, sin que en ningún caso proceda la devolución del impuesto satisfecho si la duración efectiva del contrato fuere inferior a dicho plazo, en virtud de lo dispuesto en el art. 57 RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), conforme al cual tan solo procedería dicha devolución en el caso de que la rescisión del contrato fuese declarada o reconocida judicial o administrativa y por resolución firme y siempre que sea solicitada en el plazo establecido.

  • Pérdida de la exención en el IEDMT por la utilización de la embarcación por parte del socio de la sociedad arrendadora aunque exista un contrato de alquiler a precio normal de mercado

Una empresa es titular de una embarcación de recreo dedicada al alquiler y matriculada al amparo del supuesto de exención establecido en el art.66.1.g) Ley II.EE. Ocasionalmente la embarcación es utilizada por un socio de la sociedad bajo un contrato de alquiler valorado a precio de mercado. La noción de “alquiler” que debe considerarse a efectos de la aplicación de la exención del art. 66.1.g) Ley II.EE es la misma que se establece para el alquiler de automóviles. En consecuencia, no existe “alquiler” ni cabe aplicar la citada exención cuando el medio de transporte de que se trate sea objeto de cesión a personas vinculadas en los términos previstos en el art. 79 de la Ley IVA, salvo que se trate de personas que no sean residentes en España ni titulares de establecimientos situados en España [Vid. consulta DGT, de 28-03-2014, n.º V0860/2014 ]; cuando el medio de transporte de que se trate se ceda por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos ni cuando se trate de un contrato de arrendamiento-venta y asimilados o de un arrendamiento con opción de compra. El hecho de que la embarcación sea cedida por arrendamiento, antes del plazo de cuatro años transcurridos desde la realización del hecho imponible, a un socio de la sociedad arrendadora, persona vinculada a dicha sociedad, siempre que dicha persona sea residente en España o titular de establecimientos situados en España, producirá una modificación de circunstancias determinantes del supuesto de exención y por tanto, dará lugar a la autoliquidación e ingreso del impuesto especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificación. Siendo indiferente que la utilización de la embarcación por parte del socio de la sociedad arrendadora se realice bajo un contrato de alquiler a precio normal de mercado.

Fiscal impuestos – Derecho fiscal, tributación e impuestos, Libro Fiscal-Impuestos

Para poder ejercer sus funciones con eficiencia, el asesor fiscal necesita tener un profundo conocimiento del sistema tributario español . lo cual requiere, no solo conocer y saber presentar los tributos que lo integran, sino también tener conocimientos de otras cuestiones, como fiscalidad internacional . tributación específica de determinadas operaciones y empresas con tributación diferenciada, procedimientos establecidos en el orden tributario, etc.

Enviado por Editorial el Lun, 27/03/2017 – 10:27

La retribución del socio que ejerce su actividad a través de una sociedad. en 2006 se presume acorde al valor de mercado si la entidad cuenta con medios materiales y personales, mientras que en 2007 y 2008 al no existir esa presunción, se aplican las reglas de valoración de mercado de operaciones vinculadas.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de febrero de 2017 estima que durante el ejercicio 2006, la retribución satisfecha al profesional o artista que ejerce su actividad a través de una sociedad se presume acorde al valor de mercado, pues la entidad contaba con medios materiales y personales para la realización de su actividad, pues en dicho ejercicio interviene no sólo en la actividad del socio, sino también en otras que requieren la participación de otros medios técnicos, materiales y humanos adicionales.

En 2007 y 2008 no existía esa presunción, por lo que cabe aplicar a la retribución las reglas de valoración de mercado de operaciones vinculadas. A estos efectos, se considera adecuado el método del art. 16.4.a) del TR de la Ley IS, es decir, el “del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación”.

Enviado por Editorial el Vie, 24/03/2017 – 12:17

El 5 de abril se da el pistoletazo de salida a la Campaña de Renta.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2017, la Agencia Tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2017.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de abril .

Enviado por Editorial el Vie, 24/03/2017 – 10:54

Aprobación del modelo normalizado válido para la acreditación de la representación en el procedimiento de suministro electrónico de registros de facturación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en representación de terceros.

El citado modelo ha sido aprobado por la Resolución de 13 de marzo de 2017 (BOE de 24 de marzo y en vigor a partir del 25 de marzo) de la Dirección General de la AEAT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley General Tributaria, y la necesidad de su aprobación viene motivada por la obligación de llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria para empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación coincida con el mes natural de acuerdo con el artículo 71.3 del Reglamento del IVA, o la opción para el resto de sujetos pasivos que lo deseen.

Enviado por Editorial el Jue, 23/03/2017 – 10:47

El 5 de abril comienza la campaña de Renta 2016 cuya novedad más significativa es la generalización de Renta WEB como único servicio de confección y presentación de la declaración de la Renta, para todo tipo de rentas, incluidas las de actividades económicas.

Esto supone que Renta 2016 será la primera campaña sin el programa PADRE, desde su creación.

Enviado por Editorial el Jue, 23/03/2017 – 09:32

  • La campaña de Renta arranca el 5 de abril con la generalización del borrador de declaración a todos los contribuyentes

Un año más a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio se nos acerca la hora de dar cuenta a Hacienda de nuestras obligaciones fiscales con respecto a los impuestos mencionados, y para ello en el BOE de 23 de marzo se ha publicado la Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo -en vigor a partir del 24 de marzo-, que aprueba los modelos de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio,ejercicio 2016 -que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el referido ejercicio por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del IRPF no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda- determina el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, establece los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del IRPF, y determina las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. que regula los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones. declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:40

La Audiencia Nacional ha condenado en su sentencia de 13 de marzo de 2017 . a 17 miembros de una trama de fraude del IVA que eludió el pago de más de tres millones de euros y que se servía de sociedades pantalla creadas por uno de ellos, al que se le ha impuesto la pena más alta -10 años y 7 meses de cárcel-, como autor de tres delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:29

  • La imposición sobre los dividendos que las filiales abonan a sus matrices cuando están sometidas a un tipo cero no es anticomunitaria

Cuando la normativa del Estado miembro en que está establecida aplica a una sociedad matriz un tipo cero de gravamen sobre todos sus beneficios bajo la condición de distribuirlos en su totalidad a sus accionistas, queda eliminado para esa sociedad matriz el riesgo de una doble imposición de los beneficios que le haya distribuido su filial. Por ello, la Directiva 90/435/CEE del Consejo (Régimen fiscal común aplicable a sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) debe interpretarse en el sentido de que su art. 5.1 no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retención sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una institución de inversión colectiva de carácter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero, bajo la condición de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios.

  • Someter a aprobación previa una fusión transfronteriza, cuando no se hace en operaciones internas equivalentes, es anticomunitario

El art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE (Régimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operación de fusión transfronteriza, supedita la concesión de las ventajas fiscales aplicables a tal operación en virtud de dicha Directiva a un procedimiento de aprobación previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobación, el contribuyente debe acreditar que la operación en cuestión está justificada por un motivo económico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasión fiscales y que su mecánica permite garantizar el gravamen futuro de las plusvalías que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operación de fusión interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente esté sujeto a tal procedimiento.

  • La escasa fiabilidad de los comparables disponibles no habilitan a la Administración a emplear un método de valoración de operaciones vinculadas no establecido por la norma

El principio de legalidad a la cabeza, junto con el resto de los principios informadores de nuestro sistema tributario recogidos en la Constitución, se oponen a que la Administración tributaria vaya más allá de la norma legalmente establecida y aplique métodos de valoración de operaciones vinculadas no establecidos. El Tribunal Supremo reprocha con contundencia tanto la actividad desarrollada por la Administración Tributaria, como el alienamiento desarrollado por la Audiencia Nacional, en posición claramente al margen de la norma al postular la justificación del empleo del método del margen neto del conjunto de las operaciones -cuando aún no se había establecido en el art. 16 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)- con base en la escasa fiabilidad de los comparables disponibles -método del art. 16.3.a), redacción original- a la hora de llevar a cabo la valoración litigiosa.

  • Las operaciones intragrupo no generan un fondo de comercio financiero deducible

Más allá de cuestiones de aplicación temporal del art. 12.5 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) por las que el Tribunal no se siente obligado a convertir en prejudicial para su decisión en este procedimiento el pronunciamiento que está pendiente de adoptarse en sede del TGUE en ejecución de la STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asuntos núms. C-20/15 P y C-21/15 P (acumulados). el Tribunal Supremo, en la línea manifestada en su día por la Audiencia Nacional, señala que no aflora un fondo de comercio deducible en las operaciones intragrupo, sino que éste sólo pudo generarse en la previa adquisición de las participaciones a terceros.

  • El Ayuntamiento no puede exigir una tasa a las entidades bancarias por el servicio de vigilancia y prevención del riego de ocupación

Debe anularse la tasa impugnada cuyo hecho imponible consiste en la prestación del servicio de vigilancia especial y prevención del riesgo de usurpación de las viviendas propiedad de las entidades financieras, siendo sujetos pasivos las entidades financieras y las entidades participadas directa o indirectamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el término municipal beneficiarias por la prestación del servicio. Esta tasa vulnera el art. 21.1.c) del TRLHL, ya que supone exigir una tasa por el servicio de vigilancia pública en general. Las características del servicio, por su propia naturaleza, de vigilancia y patrulla de vía pública solo se concibe como de vigilancia pública en general, pues es obvio, la presencia policial en la vía pública previene la comisión de cualquier tipo de infracción, y en especial, de las más graves tipificadas como delito. No se puede obviar frente al posicionamiento de reproche al sujeto pasivo al que selectivamente se dirige la tasa, que se afirma “provoca” la prestación del servicio, al que se culpa del “fenómeno de ocupación ilegal” que se afirma “sucede por el manifiesto desinterés de sus titulares por sacarlas a la venta en condiciones que no sean ventajosas” y al que en definitiva se quiere con la tasa “concienciar del interés social de la vivienda”, que ateniéndonos al ordenamiento jurídico vigente, el “fenómeno de la ocupación ilegal” está tipificado como delito en el art. 245 del Código Penal. punto de apoyo desde el cual el razonamiento solo puede girar en sentido contrario al que funda la ordenanza, impidiendo repercutir los costes de prevención del delito a quien lo sufre.

  • El pago mediante un cheque “ordinario” no se considera pago en efectivo

Los cheques al portador entregados no eran cheques bancarios al portador, sino cheques particulares de la empresa, es decir, cheques emitidos por la mercantil (libradora) que se cobran a través de la entidad bancaria (librada), equiparando indebidamente el actuario ambos tipos de cheques ya que, insiste, no se trata de un cheque emitido por una entidad bancaria (cheque bancario) respaldado por la misma, sino de un cheque librado por un particular respaldado únicamente por su patrimonio, diferencia fundamental en el tráfico mercantil por cuanto los cheques bancarios, a diferencia de los particulares, son considerados como dinero contante y sonante, siendo la mención del art. 34.2 d) de la Ley 10/2010 a los “cheques bancarios al portador”, y no a los cheques al portador sin más. No ha existido ninguna opacidad en la operación por cuanto se documenta ante notario incorporándose los cheques a la escritura, realizándose el pago con dinero existente en banco, liquidando la sociedad los impuestos ante los funcionarios correspondientes, estando los cobradores de los cheques debidamente identificados por la entidad financiera, siendo comunicado el cobro por el banco a la AEAT, la cual tuvo conocimiento de la identidad del cobrador por lo que el pago no es anónimo ni opaco; y que en todo caso las normas sancionadoras han de ser interpretadas restrictivamente, incumpliéndose aquí el principio de tipicidad y habiendo actuado con arreglo a la finalidad de la norma que es la de no ocultar el perceptor del pago, siendo como mínimo dudosa la redacción del precepto, sobre el que nada advirtió el Notario, lo que eliminaría la responsabilidad sancionadora. En el presente caso no se discute que los cheques se libraron al portador por la firmante de los mismos mercantil, contra la cuenta corriente de la que era titular en la entidad bancaria, por lo que no encontrándonos pues ante un “cheque bancario” -tampoco ante un cheque conformado del artículo 110 de la LCCH – sino ante un cheque, digamos, ordinario, ha de aceptarse la falta de tipicidad de la conducta desplegada por la recurrente, con la consiguiente anulación de la sanción.

  • La Administración carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de métodos de comprobación en perjuicio del sujeto pasivo

La Sala se ha pronunciado en múltiples sentencias, inclinándonos por la anulación de la valoración oficial cuando el actor presenta otra tasación, igualmente idónea amparada en un método legal como es en este caso la estimación que hace la entidad tasadora, realizada por el método previsto en el art. 57.1 g) de la LGT [Vid. STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, recurso n.º 512/2013 (NFJ062413)]. La Administración carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de métodos de comprobación en perjuicio del sujeto pasivo. Así pues, si un método de los subsidiarios ofrece un valor inferior, no bastará con invocar la Orden para preferir otro de los métodos calificados de preferentes que ofrezca un valor superior, sino que habrá que motivar debidamente porqué tal método es más acertado para determinar el valor real del bien en ese caso. Por el contrario, si fuera el interesado el que pretende de la Administración que aplique el orden de métodos que ella misma se ha dado y ha hecho público, evidentemente para ella sí es del todo obligatorio por aplicación elemental del principio de los actos propios. En el presente caso no se ha motivado por la Administración la razón por la que se opta por un método en contraposición con otro, cuando se cuenta con él, por mucho que la Orden establezca una prelación no recogida en la Ley, de modo que ha de estimarse el recurso cuya valoración se ampara en el dictamen de una sociedad tasadora con arreglo al cual se ha realizado la tasación del inmueble dedicado a local de negocio, según un método válido para la tasación de los inmuebles a efectos hipotecarios.

  • Declaración tributaria especial

No es posible reconocer los efectos de la declaración tributaria especial si no se ha utilizado el Modelo 750 y se pretende una regularización que excede de lo previsto en la norma. Los efectos de la corrección de los errores contables se producen en el ejercicio en que se detecta.

  • La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusión de la exención por inicio de actividad en el IAE

La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusión de la exención por inicio de actividad en el IAE. La norma prevé tal exclusión cuando la actividad se haya desarrollado con anterioridad, bien por el propio sujeto pasivo o bien cuando exista una sucesión en la titularidad o ejercicio de la actividad desarrollada por otro sujeto pasivo, debiendo probar la Administración tributaria la citada sucesión. El rechazo de la exención por parte de la Administración precisaba lo que aquí falta, esto es, la prueba por parte de la Administración actuante de la sucesión o transmisión de la actividad, y ello porque el mero hecho de pertenecer a un grupo de sociedades no es obstáculo que impida que se pueda gozar de la exención en cuestión. Nada impide que un mismo grupo empresarial desarrolle la misma actividad con diversas empresas o marcas que operan en el mercado compitiendo entre ellas. La Administración no lo justificó adecuadamente en el curso de las actuaciones desenvueltas en la sede administrativa ni después en el juicio, mientras que la ahora apelante, bien que a través de sus propios empleados o bien a través de quienes no se sabe con certeza si lo son o son parte del accionariado, al fin, sí que ha tratado de justificar en el juicio su tesis de la falta de sucesión. Sin embargo, no se trata de que el contribuyente pruebe que faltaba en el caso sucesión sino que es la Administración Tributaria la que tiene que probar la existencia de la sucesión para así poder denegar la aplicación de la exención en cuestión. Por ello procede la devolución de las cantidades ingresadas por el concepto tributario impuesto sobre actividades económicas, ejercicio 2007, más los intereses legales correspondientes.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 15:26

El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, modifica el Reglamento del IVA, el Reglamento de facturación y el Reglamento de gestión e inspección tributaria, regulando el nuevo sistema de llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT (denominado Suministro Inmediato de Información –SII–).
En el presente artículo, dividido en dos partes, se examina este sistema de llevanza de los libros, diseccionando su análisis tanto en el ámbito subjetivo de aplicación como en el resto de las obligaciones formales que se imponen a los sujetos pasivos que lleven los libros a través de este sistema, todo ello acompañado de numerosos ejemplos y un cuadro-resumen global del nuevo sistema.
En la primera parte, publicada en el número anterior de esta revista (RCyT. CEF, núm. 408, marzo 2017), se analizó la obligación general de llevar libros registro, la finalidad de la reforma, el ámbito de aplicación subjetivo y del funcionamiento del sistema de SII, se trató sobre los libros registro que resultan afectados y sobre el libro registro de facturas expedidas.
En esta segunda el autor examina los libros registro de facturas recibidas, de bienes de inversión y el de determinadas operaciones intracomunitarias y las singularidades para determinados regímenes especiales. También aborda el tema de la liquidación del impuesto, de los efectos del retraso en la aportación de la información en los procedimientos de comprobación tributaria o la infracción tributaria por incumplimiento de la obligación.

Palabras claves: suministro inmediato de información, SII, gestión de los libros de IVA, Sede electrónica de la AEAT, infracciones y sanciones.

Enviado por Editorial el Jue, 16/03/2017 – 11:02

  • Remisión del expediente al Ministerio Fiscal y devolución del mismo a la Administración: plazos

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio . determina que sólo en aquellos supuestos en los que antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal se hubiese ampliado el plazo de duración del procedimiento resultaría de aplicación el plazo mínimo de seis meses para finalizar las actuaciones inspectoras. Si la norma hubiera querido extender esta regla a los casos en que al tiempo de remitir el expediente al Ministerio Fiscal no se hubiera ampliado el plazo, simplemente lo habría hecho. Pero no ha sido así, como se deduce del tenor literal del precepto; la suspensión del plazo de prescripción que establece el art. 180.1 de la Ley 58/2003 (LGT) no se perjudica por el exceso del plazo máximo de duración de las actuaciones producido cuando estas han regresado a la Administración tras la finalización de la vía penal, de forma que la parte del plazo de prescripción que no se hubiese consumido antes de remitir las actuaciones a la vía penal puede usarse a la vuelta del proceso penal sin verse afectada por dicho exceso de plazo de duración. En cuando al hito determinante para la reanudación del cómputo del plazo, será la fecha en que se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente de la inspección para continuar el procedimiento; por último, para determinar si el acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras ha sido adoptado en plazo, esto es, antes de que expire el plazo originario de doce meses, no se descontarán ni las dilaciones no imputables a la Administración ni los períodos de interrupción justificada, a excepción, en relación con estos últimos, de los ocasionados por la remisión del expediente al Ministerio Fiscal o por el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente en aquellos supuestos en que la Administración aprecia la posible existencia de delito contra la Hacienda Pública.

  • Aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta: supuestos en los que procede practicar requerimiento por la Administración

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio . resuelve que en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta, procede la inadmisión en el caso de que el interesado no motive su solicitud en que su falta de concesión pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública y no aporte documentación tendente o que pretenda acreditar la concurrencia de estas circunstancias en el momento de presentación de su solicitud, y solo en el caso en que se hayan producido los dos requisitos -alegar las circunstancias a que se refiere el art. 82.2.b) de la Ley 58/2003 (LGT) y además aportar documentación tendente a acreditar que se dan o que presumiblemente pueden darse en el caso concreto las circunstancias legalmente previstas, pero esta documentación se considere insuficiente-, procede el requerimiento de subsanación por parte de la Administración para que se complete.

  • Límites de la facultad revisora de los órganos económico-administrativos: cuestiones no planteadas ante el órgano de aplicación de los tributos

Siendo cierto que los Tribunales Económico-Administrativos tienen amplias competencias revisoras pudiendo entrar a analizar cuestiones no planteadas -en cuyo caso el propio reglamento de revisión establece que deberá comunicarse al interesado-, cuando el Tribunal, en sus funciones revisoras, deniega la pretensión del reclamante en virtud de hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos coloca al contribuyente en una indefensión procesal, al impedirle alegar sobre la misma, perdiendo una instancia revisora y obligándole a alegar por primera vez, ya en alzada, contra la cuestión nueva. Es decir, los Tribunales Económico-Administrativos no pueden denegar las pretensiones de los reclamantes en virtud de hechos distintos a los considerados por el órgano de aplicación de los tributos.

  • Operaciones incluidas en la exención de transmisiones de activos y pasivos, y concesión de garantías, cuyo sujeto pasivo es la SAREB

Es cierto que si bien esta exención controvertida viene regulada en el apartado relativo a las exenciones objetivas, la realidad es que participa más de la naturaleza de una verdadera exención subjetiva al venir referida a una entidad propiamente dicha -y única-, así como por la amplitud con la que se define las operaciones a la que debe extenderse el beneficio fiscal, no resultando de la lectura literal del precepto razón alguna para entender que el legislador quisiera limitar a determinados operaciones el indicado beneficio fiscal. A juicio de este Tribunal, la referencia que la norma fiscal hace a la norma creadora de la entidad, lo es para individualizar explícitamente al sujeto destinatario de la exención, y no para entender que deban limitarse a las operaciones de adquisición de activos de las entidades bancarias. Refuerza lo anterior la propia interpretación finalista de la norma dirigida a evitar costes fiscales indirectos en el proceso de traspaso o intercambio de activos financieros e inmobiliarios derivados del proceso de reestructuración bancaria, resultando incoherente con dicha finalidad declarar la exención de los inmuebles directamente adquiridos de las entidades financieras y no los adquiridos de las entidades deudoras de los créditos dudosos o fallidos cedidos previamente de los bancos a la entidad SAREB.

  • La falta de desembolso de dinero para comprar el boleto premiado no hace perder la titularidad del premio

Tribunal Supremo y DGT están de acuerdo en que, con carácter general, no se produce una donación en aquellos supuestos en los que la entrega de bienes o la prestación de servicios se produce sin mediar voluntad de enriquecer al beneficiario, incluso cuando éste no ha desembolsado precio alguno. Así las cosas, la apreciación de si se está ante una donación, por concurrir un animus donandi en el ganador del premio que entrega el dinero a otro beneficiario, es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde a la Oficina gestora quien, en virtud del principio de calificación y atendidas las circunstancias del caso, deberá determinar si la operación planteada reúne los requisitos necesarios para calificar dicha operación como donación. Ahora bien, señala la DGT, resultaría coherente gravar la operación a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como una donación si quien comparte el premio no es capaz de demostrar que poseía una participación en el billete, para lo que no ayuda el hecho de que el beneficiario no conste como ganador del premio desde el primer momento; no obstante, será una cuestión de prueba, por su parte, demostrar lo contrario.

  • El plazo que determina la base imponible del ITP de los arrendamientos es el plazo legal de 3 años y no el acordado en contrato

La base imponible del arrendamiento se determina en función del período de duración del contrato, que en el art. 9 Ley 29/1994 (LAU) está establecido en una duración mínima de tres años, en virtud de las prórrogas obligatorias que dicho precepto establece. Luego, el periodo que debe tenerse en cuenta es el de tres años, sin que en ningún caso proceda la devolución del impuesto satisfecho si la duración efectiva del contrato fuere inferior a dicho plazo, en virtud de lo dispuesto en el art. 57 RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), conforme al cual tan solo procedería dicha devolución en el caso de que la rescisión del contrato fuese declarada o reconocida judicial o administrativa y por resolución firme y siempre que sea solicitada en el plazo establecido.

  • Pérdida de la exención en el IEDMT por la utilización de la embarcación por parte del socio de la sociedad arrendadora aunque exista un contrato de alquiler a precio normal de mercado

Una empresa es titular de una embarcación de recreo dedicada al alquiler y matriculada al amparo del supuesto de exención establecido en el art.66.1.g) Ley II.EE. Ocasionalmente la embarcación es utilizada por un socio de la sociedad bajo un contrato de alquiler valorado a precio de mercado. La noción de “alquiler” que debe considerarse a efectos de la aplicación de la exención del art. 66.1.g) Ley II.EE es la misma que se establece para el alquiler de automóviles. En consecuencia, no existe “alquiler” ni cabe aplicar la citada exención cuando el medio de transporte de que se trate sea objeto de cesión a personas vinculadas en los términos previstos en el art. 79 de la Ley IVA, salvo que se trate de personas que no sean residentes en España ni titulares de establecimientos situados en España [Vid. consulta DGT, de 28-03-2014, n.º V0860/2014 ]; cuando el medio de transporte de que se trate se ceda por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos ni cuando se trate de un contrato de arrendamiento-venta y asimilados o de un arrendamiento con opción de compra. El hecho de que la embarcación sea cedida por arrendamiento, antes del plazo de cuatro años transcurridos desde la realización del hecho imponible, a un socio de la sociedad arrendadora, persona vinculada a dicha sociedad, siempre que dicha persona sea residente en España o titular de establecimientos situados en España, producirá una modificación de circunstancias determinantes del supuesto de exención y por tanto, dará lugar a la autoliquidación e ingreso del impuesto especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificación. Siendo indiferente que la utilización de la embarcación por parte del socio de la sociedad arrendadora se realice bajo un contrato de alquiler a precio normal de mercado.

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